Para entender dicho fenómeno es preciso ir un poco hacia atrás. El ‘España va bien’ fue posible gracias a dos circunstancias: el crecimiento desmesurado del endeudamiento privado hasta unas cotas fuera de control, y la masa de emigración llegada a España de forma ilegal a quien se dejó entrar y a quien se permitió permanecer de forma irregular a fin de abaratar costes laborales –sobre todo en las actividades vinculadas al boom económico– , lo que dio lugar a un efecto no previsto: muchos subsaharianos (sobre todo) cuyo destino era Francia se quedaron en España porque había ‘oportunidades’, oportunidades que se sostenían en la explotación de la persona y sin derecho a reclamación alguna por la situación ilegal en que se encontraban la inmensa mayoría de esos inmigrantes.
Cuando España dejó de ir bien gran parte de esa masa de inmigrantes se encontraron ‘sin nada’. Algunos latinoamericanos regresaron a sus países porque habían ahorrado, y unos, muy pocos, subsaharianos se fueron, o intentaron irse, a Francia, pero la mayoría se quedaron aquí porque, por mal que estuviesen, aquí, estarían menos mal que en un suburbio de Abidjan o de Brazzaville. El problema es que aquí ‘ya no eran necesarios’, particularidad que abrió la puerta a otro tipo de explotación regulada por ‘grupos comerciales’: el Top Manta.
El Top Manta es una actividad ilegal, que vende sin control alguno artículos falsificados o robados, lo que quita negocio a las tiendas legales y da una extraordinaria mala imagen a las ciudades; una actividad ilegal desempeñada por personas en situación ilegal y, además, explotadas.
¿Cómo se soluciona eso? Tal y como lo veo no se puede solucionar de forma satisfactoria para-todo-el-mundo porque no se puede legalizar la venta de artículos ilegales; porque ese incremento de puntos de venta no es necesario; y porque, como población activa, la mayoría de esas personas que practican esa actividad no son necesarias en términos económicos: la tasa de paro entre la inmigración es del 32%. El camino, pienso, pasa por vincular permiso de residencia con contrato de trabajo, como sucede, por ejemplo, en Andorra, y contratar en origen a los profesionales que se necesiten durante el tiempo que se necesite, con lo que se evitaría la explotación porque la situación de las personas inmigradas sería totalmente legal por lo que tendrían los mismos derechos que la ciudadanía autóctona.
Con los inmigrantes que ya están aquí solo veo dos opciones. Primero debería realizarse un censo real de todas esas personas. Luego ver que posibilidades laborales reales (evidentemente en situación legal) tienen en base a su cualificación y realizar un encaje y un posterior seguimiento. Después decidir si, al resto, se le expulsa o se le permite permanecer concediéndole una renta básica. Pero lo que no es tolerable ni permisible es que, de forma ilegal, sigan vendiendo en medio de calles, plazas, paseos y estaciones de ferrocarril, bienes falsificados ilegalmente. De forma paralela, evidentemente, habría que perseguir a esas ‘grupos comerciales’ que suministran esos bienes falsificados.
Lo que ha sucedido con el Top Manta es que se ha aplicado el llamado ‘Modelo Rajoy’: no hacer nada a ver si el tiempo soluciona el problema.
Como ven el origen de este problema también es, como el de todos los problemas, económico.